La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido emprender el análisis de la reforma judicial que ha generado un amplio debate en el ámbito jurídico y político del país. Esta decisión fue resultado de una votación en la que ocho ministros se manifestaron a favor y tres en contra, lo que marca un paso significativo en el proceso de evaluación de la legitimidad de la reforma.
El análisis se inició después de que el Pleno de la Corte recibiera consultas de jueces y magistrados federales que buscan frenar la implementación de la reforma. El proyecto principal, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, plantea que la Corte tiene la responsabilidad de proteger la independencia del Poder Judicial frente a los cambios propuestos. Alcántara sostiene que la revisión de la reforma es necesaria para asegurar que no se comprometa la autonomía judicial.
Sin embargo, las opiniones dentro del Pleno están divididas. La ministra Yasmín Esquivel Mossa argumentó que la solicitud de los juzgadores debe ser desechada por considerarla improcedente, afirmando que los cambios constitucionales ya se han consolidado de manera irreversible. Ella, junto con la ministra Loretta Ortiz Ahlf, subrayó que dar trámite a estas quejas representaría un desafío a los órganos constitucionalmente facultados para realizar reformas, y podría interpretarse como una violación del principio de división de poderes.
La ministra Lenia Batres Guadarrama también expresó su oposición, afirmando que aceptar la queja de los juzgadores constituiría una afrenta política y un "golpe de estado" al intentar someter al control constitucional el trabajo del poder reformador. Batres enfatizó que es inaceptable que la Corte asuma atribuciones que no le corresponden, ya que esto podría desdibujar los límites establecidos por la Constitución y comprometer el estado de derecho.
En contraste, la ministra Ana María Ríos Farjat defendió el proyecto, afirmando que la Corte tiene la facultad de resolver cualquier controversia que afecte al Poder Judicial. Otros ministros, como Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar, también se manifestaron a favor de dar trámite a las quejas, citando la responsabilidad de la Corte de velar por la autonomía del Poder Judicial y el interés del pueblo.
El debate se vuelve aún más intenso cuando se considera el contexto político. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, criticó la decisión de la SCJN, señalando que su intervención en el análisis de la reforma muestra un carácter faccioso. Fernández Noroña afirmó que la Corte no tiene la autoridad para revisar los actos del Poder Legislativo, que posee la soberanía para reformar la Constitución. Reiteró que la elección de los jueces se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, independientemente de lo que decida la Corte.
Este enfrentamiento entre la SCJN y el Senado refleja las tensiones actuales en México sobre el balance de poderes, la interpretación de la Constitución y el papel de la Corte en la supervisión de reformas judiciales. La situación plantea interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial y la capacidad de la SCJN para actuar como un contrapeso efectivo ante las reformas legislativas que pueden impactar su funcionamiento y autonomía. A medida que se avanza en el análisis de la reforma, será crucial observar cómo se desarrollan estos debates y qué implicaciones tendrán para el futuro del sistema judicial en México.